El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue denunciado por el fiscal federal Carlos Stornelli tras sus declaraciones en un programa radial en las que sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027” y habló de “sacrificios que valen la pena” en referencia a la crisis de 2001.
La presentación judicial fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py y solicita investigar al mandatario por presunta incitación a la violencia colectiva, eventual instigación a cometer delitos y posible afectación del orden constitucional.
En el escrito, el fiscal sostuvo que las manifestaciones públicas del gobernador podrían encuadrarse en delitos de acción pública y que la gravedad institucional se incrementa por tratarse de un funcionario en ejercicio de altas responsabilidades.
Las declaraciones cuestionadas fueron realizadas durante el programa “Mañana Sylvestre”, conducido por Gustavo Sylvestre en Radio 10. Allí, Quintela hizo referencia a la crisis de 2001 y afirmó que hubo “sacrificios que valen la pena”, al tiempo que advirtió que el actual gobierno no debería llegar al final de su mandato si continúa la situación del país.
Según Stornelli, los dichos podrían encuadrarse en cinco figuras del Código Penal: intimidación pública, apología del crimen, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y amenaza de sedición.
Además, el fiscal solicitó que se convoque al gobernador a declaración indagatoria conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece la citación cuando existen motivos suficientes para sospechar que una persona participó en la comisión de un delito.
fuerte cruce político
Las declaraciones también generaron una respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien criticó duramente al gobernador riojano.
Menem sostuvo que los dichos de Quintela son “lamentables” y cuestionó su gestión provincial, además de lanzar acusaciones sobre el manejo de recursos públicos y la situación institucional de la provincia.
El conflicto político se suma ahora al plano judicial, donde la denuncia presentada por el fiscal deberá ser evaluada para determinar si corresponde avanzar con la investigación formal.
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