La firma Branka Motors ofreció $420.000.000 para resarcir a los 287 damnificados y cerrar la causa penal que investiga una presunta megaestafa vinculada a la venta de motocicletas en San Juan.
La propuesta fue presentada ante el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, y ahora deberá ser analizada por el Ministerio Público, los querellantes y los denunciantes.
Según trascendió entre abogados que representan a decenas de clientes, los defensores de Alexis Marco, Jonathan Marco y Facundo Banega formalizaron el ofrecimiento con el objetivo de alcanzar una reparación integral. Si el acuerdo prospera, podría implicar una conciliación entre las partes y una eventual suspensión de la acción penal.
El monto global asciende a $420 millones para distribuir entre los denunciantes que integran el expediente. Aún no se difundieron detalles sobre la modalidad ni los plazos de pago, aspectos clave para la aceptación o el rechazo de la propuesta. La causa todavía no fue formalizada, por lo que el eventual acuerdo podría modificar su rumbo.
Cómo comenzó el conflicto
El caso tomó estado público el 16 de enero de 2026, tras un episodio policial en el local de la empresa que dejó al descubierto el reclamo de numerosos clientes que aseguraban no haber recibido las motocicletas ya abonadas.
Días después, decenas de personas se manifestaron frente al comercio para exigir la entrega de los rodados o la devolución del dinero, lo que derivó en la multiplicación de denuncias y la intervención de la fiscalía especializada.
En paralelo, la Dirección de Defensa al Consumidor aplicó a la firma una multa cercana a los $2.900 millones por incumplimientos en la entrega de los vehículos, sanción que no implica resarcimiento directo para los clientes, pero refuerza el cuadro de presuntas irregularidades.
El rol de los contratos
Con el avance de la investigación, los contratos firmados por los compradores cobraron especial relevancia. Fueron aportados como prueba por la abogada María Filomena Noriega y otros representantes legales.
En esos documentos se establecía la entrega de las motocicletas en un plazo de hasta 20 días hábiles desde la confirmación del pago. En caso de falta de stock, la empresa debía entregar un rodado similar o reintegrar el dinero.
Para los denunciantes, esas cláusulas generaban confianza pero no se cumplieron. Además, los contratos estaban firmados por la “administración” de la empresa sin identificar responsables individuales, lo que para los investigadores podría indicar un esquema organizado.
Investigación en curso
La causa reúne actualmente 287 denunciantes y se realizaron allanamientos tanto en el local céntrico de la firma como en EMMEBE, otro comercio vinculado a la operatoria investigada.
La oferta económica aparece como un intento de desactivar el conflicto y evitar imputaciones formales. Sin embargo, la decisión final dependerá de la evaluación de la fiscalía y, principalmente, de si los damnificados consideran suficiente la reparación tras semanas de reclamos e incertidumbre.
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