La política argentina atraviesa un cambio de paradigma en sus mecanismos de control interno. Lo que comenzó como una promesa de campaña en distintos distritos se está transformando en leyes concretas que buscan garantizar la idoneidad de quienes ejercen funciones públicas.
En ese escenario, Salta marcó el pulso del verano. Ante el bloqueo legislativo, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto de necesidad y urgencia para establecer la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos, sometiéndose él mismo al primer test, que arrojó resultado negativo.
San Juan, por su parte, avanza de manera progresiva. Aunque no existe aún una obligatoriedad total, el debate sobre la aplicación de controles a ministros, secretarios y legisladores ya se instaló en la agenda política provincial y comienza a tomar fuerza en el ámbito legislativo.
Uno de los interrogantes centrales es si la provincia incorporará estos controles dentro de un enfoque de prevención de consumos problemáticos, en línea con convenios de asistencia técnica firmados recientemente. Hasta el momento, no hay una definición oficial.
En el resto del país, los resultados de los controles ya muestran impacto. San Luis es el caso más citado: en el último año realizó cerca de 2000 exámenes y detectó 48 positivos, la mayoría vinculados al uso indebido de psicofármacos.
Otras provincias, como Neuquén y Santa Fe, adoptaron métodos más rigurosos, entre ellos el hisopado bucal y el análisis capilar, técnicas que permiten detectar consumos prolongados y evitan la posibilidad de alterar resultados en el corto plazo.
El marco legal en los distritos que aplican el sistema es estricto: negarse a realizar el examen equivale a un resultado positivo. Esto implica la destitución inmediata en cargos designados o el inicio de juicio político en el caso de funcionarios electos.
Mientras las provincias avanzan con regulaciones propias, el Congreso Nacional mantiene los proyectos sin tratamiento, ampliando la diferencia entre los controles vigentes en el interior del país y la ausencia de normativa para funcionarios federales.
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