Tras dos años de salarios congelados, el Gobierno nacional comenzó a revertir uno de los principales problemas de recursos humanos en la administración pública: la pérdida de funcionarios y cuadros técnicos por los bajos sueldos. Por decisión del presidente Javier Milei, los cargos políticos recibirán aumentos sustantivos en sus haberes.
La situación quedó expuesta de manera llamativa tras la salida del ex titular del Indec, Marco Lavagna. Su sucesor, Pedro Lines, figuraba en la red social LinkedIn con el estado “open to work”, reflejando la dificultad para sostener cargos jerárquicos en el Estado ante la brecha salarial con el sector privado.
Durante los últimos meses, la preocupación se extendió entre trabajadores y funcionarios de distintos niveles del Indec y otros organismos, debido al deterioro salarial y la dificultad para retener perfiles técnicos altamente demandados por empresas privadas.
En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los motivos de la decisión. “Los sueldos quedaron muy bajos porque desde el inicio de la gestión no nos aumentábamos. Ahora sí. A mucha gente se le hace muy difícil sostenerlo”, señaló, y reconoció que varios funcionarios dejaron el Estado para pasar al sector privado por mejores ingresos.
Según cifras oficiales confirmadas por voceros de Casa Rosada, el salario del presidente Javier Milei se mantiene congelado en $4.066.018 brutos mensuales, sin cambios desde diciembre de 2023. Lo mismo ocurre con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que percibe $3.764.821 brutos. Ambos quedaron excluidos del último decreto.
El aumento alcanza únicamente a ministros, secretarios y autoridades superiores. En el caso de los ministros, el salario bruto pasó de $3.584.006 a un rango de entre $5.800.000 y $6.600.000, con un ingreso neto estimado de entre $4.814.000 y $5.478.000.
Para los secretarios, el salario bruto anterior era de $3.282.709, y ahora se ubicará entre $5.300.000 y $6.100.000, con un neto estimado de entre $4.399.000 y $5.063.000.
El ajuste representa un incremento acumulado de entre 62,4% y 85,9%, según la evolución de paritarias estatales de los últimos dos años. Los aumentos no son retroactivos y se percibirán con los haberes de enero de 2026, que se cobran en febrero.
Las modificaciones fueron oficializadas mediante el Decreto 931/2025, publicado en diciembre en el Boletín Oficial. En sus considerandos, el texto sostiene que el país enfrenta el desafío de construir un sistema de empleo público basado en la transparencia, la meritocracia y el desempeño, con funcionarios “profesionales y calificados”.
El decreto argumenta que es necesario contar con un esquema de remuneraciones “adecuado y competitivo” para las funciones de conducción superior del Estado, y remarca que la medida se adopta tras alcanzar superávit fiscal y sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Finalmente, el Gobierno señala que este ordenamiento salarial forma parte de una estrategia de largo plazo para construir un Estado más eficiente, profesional y con mayores incentivos, dejando atrás un esquema “desarticulado y poco transparente”.
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