La decisión forma parte de un paquete de diez pedidos de extradición aprobados por el Ejecutivo peruano y quedó formalizada a través de una resolución suprema, a la que tuvo acceso el diario La Nación. En el documento se establece que Valverde Victoriano es requerido por las autoridades judiciales argentinas por el delito de homicidio agravado, cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en tres hechos distintos en concurso real.
La resolución lleva las firmas del presidente de Perú, José Jerí, y de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y contó con el voto favorable del Consejo de Ministros. La medida fue adoptada tras el dictamen de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados.
Desde el Ejecutivo peruano aclararon que, antes de concretar la entrega del acusado, deberá verificarse que no existan procesos penales pendientes, sentencias condenatorias ni requisitorias vigentes en ese país. En caso de detectarse alguna de estas situaciones, la extradición quedará suspendida hasta que se resuelvan dichas causas.
Asimismo, la resolución establece que el Estado argentino deberá computar el tiempo de privación de la libertad cumplido por el acusado en Perú durante el trámite de extradición.
La decisión fue encuadrada por el gobierno peruano dentro de una política de cooperación internacional en materia de justicia y seguridad, orientada a garantizar que las personas acusadas de delitos graves enfrenten los procesos judiciales correspondientes, aun cuando hayan cruzado fronteras.
ampliación del pedido de extradición
A comienzos de enero, el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, solicitó ampliar el pedido de extradición para incorporar nuevos delitos surgidos del avance de la investigación. Además de los cargos por homicidio agravado en contexto de femicidio, la justicia argentina investiga la posible vinculación del acusado con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala, así como hipótesis relacionadas con delitos de trata y explotación sexual y eventuales maniobras de lavado de activos.
En ese marco, también se solicitó a las autoridades peruanas la remisión anticipada de elementos secuestrados, entre ellos teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, con el fin de realizar peritajes forenses en el país.
El triple femicidio ocurrió el 19 de septiembre en una vivienda ubicada en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Florencio Varela. Allí fueron asesinadas Lara Morena Gutiérrez (15), Brenda Loreley del Castillo (20) y Morena Verdi (20). La investigación determinó que las víctimas fueron trasladadas en una caravana integrada por una camioneta Chevrolet Tracker blanca y un Volkswagen Fox, cuyo recorrido fue reconstruido a partir de cámaras de seguridad municipales.
La causa pasó posteriormente a la órbita de la Justicia Federal, luego de detectarse presuntos vínculos con una red de narcotráfico con ramificaciones internacionales. La principal hipótesis sostiene que los asesinatos habrían estado relacionados con una venganza por un presunto robo de drogas. La investigación continúa en etapa de profundización, con personas detenidas y otras aún prófugas.
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