Una organización narco integrada por miembros de una misma familia y que funcionaba bajo la apariencia de un comercio de venta de ropa será juzgada por la Justicia Federal en San Juan. Según la investigación, se trataba en realidad de un sistema de “delivery de droga” que en solo dos meses habría generado una recaudación cercana a los 50 millones de pesos.
La causa tiene como principal imputada a Fernanda Cecilia Sosa, señalada como la cabecilla de la banda y responsable de proveer cocaína y marihuana al resto de los integrantes. La estructura se completaba con su hermana Maira Alejandra Sosa, su sobrino Emir Ezequiel Guaquichay y la pareja de este, Melani Silvana Ruarte, quienes realizaban la venta y distribución de estupefacientes tanto en domicilios particulares como en kioscos barriales, e incluso desde sus propias viviendas.
En ese marco, el fiscal federal Fernando Alcaraz llevó adelante la audiencia de control de acusación y solicitó que los cuatro imputados sean condenados a seis años de prisión por comercio de estupefacientes agravado, al haberse cometido de manera organizada por tres o más personas.
A fines de diciembre, la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza declaró admisible la acusación y dispuso la apertura del juicio oral. El debate, con fecha aún a definir, estará a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, que deberá integrarse de forma colegiada por los jueces Hugo Echegaray, Eliana Rattá y Daniel Doffo.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que apuntó directamente contra Maira Sosa, a quien se le atribuía salir por las noches a “hacer la movida”, es decir, entregar droga en domicilios particulares y puntos de venta. En esa presentación también se mencionó el poder económico de la familia Sosa en el circuito narco de Chimbas y el pago a jóvenes y menores que oficiaban de “soldaditos”, con sumas que iban de 30 mil a 50 mil pesos.
Con el avance de la pesquisa se incorporaron nuevas denuncias que aportaron direcciones de viviendas utilizadas para el acopio y la distribución de estupefacientes. El reparto se realizaba mediante bicicletas, motos, autos y hasta aplicaciones de transporte como Uber.
A partir de estos datos, la Unidad Fiscal Federal ordenó tareas investigativas al Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan, que incluyeron intervenciones telefónicas y un informe económico-financiero elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) de la Procuración General de la Nación.
El análisis del movimiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales permitió establecer el flujo de dinero de los imputados. En ese contexto, se determinó que Fernanda Sosa registró ingresos y gastos por 30 millones de pesos en 2024 y 60 millones en 2025, además de haber recibido 50 millones de pesos entre el 1 de abril y el 4 de junio del año pasado en su cuenta de Mercado Pago.
Con estos elementos, la Policía realizó allanamientos en distintos domicilios. En la vivienda de Fernanda Sosa, en Chimbas —donde también funcionaba el local de ropa—, se secuestraron 3 gramos de cocaína, 14 gramos de marihuana, 339 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. También hubo procedimientos en la casa de Emir Guaquichay y Melani Ruarte, en Chimbas, y en el domicilio de Maira Sosa, en Capital.
Si bien la cantidad de droga incautada no fue elevada, el cúmulo de pruebas reunidas resultó suficiente para que el fiscal Alcaraz avanzara con la acusación por comercio de estupefacientes agravado y solicitara penas de seis años de prisión para los cuatro imputados. Ahora, resta definir la fecha del juicio y si los acusados enfrentarán el debate oral o buscarán un acuerdo de juicio abreviado.
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