La Fiscalía de Estado de San Juan, a cargo de Sebastián Dávila, apeló el fallo que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por ocho empleados estatales, mediante la cual se ordenó frenar traslados laborales, restituir adicionales salariales y suspender sumarios administrativos. Desde el organismo provincial cuestionaron con dureza la resolución judicial y apuntaron contra la actuación de la jueza Amanda Días, quien dictó la medida durante la feria judicial.
“A nuestro criterio, el fallo es muy infundado”, sostuvo Dávila, al tiempo que señaló que hubo “cuestiones llamativas” en el trámite, especialmente por la celeridad con la que se resolvió el planteo de los empleados en contraste con los tiempos otorgados a Fiscalía de Estado.
La definición del conflicto quedó ahora en manos de la Sala de Apelaciones de la Cámara Civil, integrada por Elena De la Torre, Juan Carlos Pérez y Ernesto Escobar, que interviene durante la feria judicial.
El origen del conflicto
La disputa judicial se inició tras la presentación de un amparo con medida cautelar impulsado por el abogado Roberto Correa Esbry, quien patrocina a ocho trabajadores estatales que, junto a otros empleados, impulsan la conformación del Sindicato de Trabajadores Estatales (SITE). Entre ellos se encuentra Sonia Espejo, dirigente gremial vinculada a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Los empleados denunciaron supuestas conductas sancionatorias por parte de autoridades de los ministerios de Infraestructura, Gobierno y Salud, que incluyeron traslados de funciones, descuentos salariales y sumarios administrativos, en el marco de protestas y reclamos salariales realizados dentro del Centro Cívico.
Dos cautelares y la intervención de la jueza
El primer planteo judicial fue presentado el 22 de diciembre y recayó en el Quinto Juzgado Civil, a cargo del juez Pablo Farina, quien decidió diferir la resolución hasta contar con un informe previo de Fiscalía de Estado.
Durante la feria judicial, el 8 de enero, Correa Esbry presentó una nueva cautelar alegando hechos nuevos, entre ellos el bloqueo del sistema de control de ingreso, la suspensión de adicionales salariales y la reactivación de sumarios. Fue entonces cuando intervino la jueza Amanda Días, quien el 13 de enero hizo lugar al pedido y ordenó, entre otras medidas, la restitución provisoria de haberes, la suspensión de sumarios y la prohibición de aplicar nuevas sanciones hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Los cuestionamientos de Fiscalía
Dávila afirmó que la resolución “carece de fundamentos jurídicos” y remarcó que no se cumplían los requisitos legales para conceder una cautelar, como la inexistencia de otra vía idónea, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
Según explicó, los empleados no agotaron la vía administrativa, pese a contar con mecanismos internos para realizar reclamos y solicitar medidas cautelares administrativas. “Esto no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia de la Corte de Justicia”, sostuvo.
En relación a los haberes, el fiscal de Estado aseguró que los sueldos no fueron afectados, y que los descuentos aplicados respondieron al incumplimiento de requisitos establecidos por normativa, como el adicional por productividad.
También defendió los traslados de personal, indicando que se realizaron respetando categoría, salario y derechos laborales, y cuestionó que la cautelar suspenda sumarios administrativos, al considerar que eso impide al Estado investigar conductas ocurridas en el ámbito laboral.
Dudas sobre el trámite
Si bien evitó hablar de animosidad, Dávila reconoció que el accionar judicial le resultó “llamativo”, al comparar la rapidez con la que se dictó la cautelar con la demora en proveer el recurso de apelación presentado por Fiscalía.
“Confío en que los jueces son probos y fallan conforme a derecho, pero estas situaciones llaman la atención”, expresó, al tiempo que remarcó que no sería la primera vez que ocurren situaciones similares con la magistrada interviniente.
Con información de 0264Noticias
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