A más de un mes de las detenciones que expusieron uno de los episodios más oscuros de la Legislatura bonaerense, el silencio político sigue siendo absoluto. El caso de “La Orden de la Luz”, una presunta secta que operaba dentro del Senado provincial, dejó al descubierto una trama de abusos, manipulación y encubrimientos que aún no fue aclarada por las autoridades.
Los principales acusados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Muñoz, empleados legislativos con más de una década en funciones, quienes permanecen detenidos. Según la investigación judicial, integraban una organización que reclutaba mujeres jóvenes a través de un discurso político, para luego someterlas a abusos sexuales, amenazas y extorsiones. Para captar a las víctimas utilizaban la estructura de la agrupación “La Capitana”.
De acuerdo a las actuaciones judiciales, las jóvenes eran seleccionadas por su situación de vulnerabilidad o su interés en la militancia política. A partir de allí, se generaba una relación de dependencia psicológica y una clara desigualdad de poder. Los abusos eran reiterados y, en algunos casos, acompañados de amenazas con armas blancas, un modus operandi que se diferencia de redes de prostitución tradicionales.
Las imputaciones incluyen abuso sexual agravado, amenazas y recaudación ilegal mediante la retención de parte de los sueldos de personas contratadas. Sin embargo, el Senado bonaerense no emitió ningún comunicado oficial sobre el tema. Su presidenta, Verónica Magario, evitó referirse públicamente al caso y centró sus apariciones en discusiones internas de su espacio político.
El silencio alcanza tanto a legisladores oficialistas como opositores. Dirigentes que suelen expresarse ante hechos de alto impacto mediático optaron por no hacerlo en esta oportunidad, una actitud que genera inquietud dentro de los propios ámbitos legislativos.
Una fuente con trayectoria en la Cámara Alta aseguró que los acusados se movían con normalidad en sectores clave del Senado, en especial en el edificio anexo conocido como “La Casita”, un espacio histórico del poder provincial. “Tenían acceso permanente, nadie los controlaba”, afirmó.
En los últimos días, Rodríguez y Muñoz solicitaron declarar ante la fiscal Betina Lacki, luego de haberse negado durante semanas. La causa es supervisada por el juez de Garantías Juan Pablo Massi y continúa sumando testimonios que describen un patrón sistemático de manipulación, violencia y abuso.
El abogado Ignacio Fernández Camillo, representante de algunas de las víctimas, remarcó que la imputación no se centra en la entrega de favores sexuales, sino en violaciones y abusos cometidos dentro de un marco sectario. “La secta es el vehículo, no el delito en sí”, explicó.
Las denuncias abarcan distintos períodos: algunas fueron presentadas en 2019, otras recientemente, y existe al menos un antecedente de 2014 por amenazas y lesiones. Ese año se habría iniciado un sumario interno en el Senado, aunque no existen registros claros sobre su desarrollo ni resultados.
Mientras la Cámara de Senadores se encamina a una renovación institucional, el escándalo sigue sin respuestas oficiales. En un caso atravesado por abusos y violencia contra mujeres, el silencio político continúa siendo el principal protagonista.
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