Aunque el calendario legislativo continúa en pausa por el receso de verano, el Gobierno nacional comenzó a mover fichas para destrabar uno de los debates más sensibles de su agenda: la reforma laboral. Con el tratamiento postergado para febrero, Patricia Bullrich y Diego Santilli activaron una estrategia paralela para recomponer consensos con los gobernadores y llegar al recinto con los acuerdos lo más cerrados posible.
Este miércoles, Santilli dio el primer paso de una gira nacional que se extenderá durante enero y que lo llevará por al menos diez provincias. El puntapié inicial fue en Chubut, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, en un gesto orientado a retomar el diálogo político con los mandatarios provinciales.
La visita estuvo atravesada además por la situación crítica que vive la provincia a raíz de los incendios forestales. Parte de la agenda se concentró en ese tema y ambos recorrieron las zonas afectadas en las localidades de Epuyén y El Hoyo. En redes sociales, compartieron imágenes conjuntas y difundieron información vinculada exclusivamente a la emergencia.
El objetivo de fondo es claro: garantizar los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Senado. En un primer momento, el oficialismo había planteado avanzar con el proyecto durante el período de sesiones extraordinarias, que finalizó el 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, pocos días antes del cierre, Bullrich anunció que el debate se postergaría para el 10 de febrero, una señal de que los números aún no estaban asegurados.
Si bien el dictamen de la reforma ya se encuentra firmado, desde el propio oficialismo reconocen que el texto no está cerrado. La jefa del bloque oficialista en el Senado, que además preside la Comisión de Trabajo durante la discusión, admitió que se escucharán propuestas para introducir modificaciones y acercar posiciones, con el objetivo de ampliar la base de apoyos.
Según definieron en el bloque, a partir de mediados de enero comenzará una ronda de encuentros para revisar el articulado y construir consensos que permitan reunir los votos necesarios para darle media sanción al proyecto. Bullrich necesita al menos 37 adhesiones para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, un desafío que obliga a aceitar la relación con los gobernadores aliados y dialoguistas. La intención es llegar al 10 de febrero con los acuerdos prácticamente cerrados.
La estrategia no es nueva. En noviembre, Santilli ya había recorrido varias provincias para sumar respaldos al Presupuesto, que finalmente fue aprobado con el acompañamiento de mandatarios provinciales.
En la Cámara alta, La Libertad Avanza cuenta con 20 bancas propias, a las que se sumarían tres del PRO. El oficialismo buscará el respaldo de los senadores radicales y de los bloques provinciales, mientras que el peronismo ya expresó su rechazo al proyecto. Incluso, algunos legisladores del bloque Justicialista participaron de la movilización convocada por la CGT el pasado 18 de diciembre, en rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno.
Tras la sesión en la que se aprobó el Presupuesto 2026, además, se profundizaron las tensiones internas dentro del peronismo. Quedaron expuestas las diferencias entre el bloque Justicialista y los senadores que integran Convicción Federal, espacio que hasta hace pocos meses formaba parte de un interbloque común. En esa votación, tres de sus cinco integrantes —Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés, alineados con gobernadores que mantienen buen diálogo con la Casa Rosada— acompañaron al oficialismo. Moisés, incluso, protagonizó fuertes cruces posteriores con la camporista Anabel Fernández Sagasti.
Así, mientras el Gobierno intentará negociar con quienes ya dieron señales de apoyo, el bloque Justicialista buscará contener las fugas y sostener una posición unificada cuando el Congreso retome la actividad. Una reforma que promete volver a tensionar el clima político.
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