El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky volvió a poner bajo la lupa a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia, al considerar que existen elementos de prueba contundentes que vinculan a la entidad con una investigación por presunto lavado de dinero.
La causa gira en torno a la compra de una lujosa mansión en Pilar y otros bienes de alto valor que figuran a nombre de Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro. Según la resolución judicial, parte de los gastos vinculados a esos bienes habrían sido abonados con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con consumos mensuales que rondarían los 50 millones de pesos.
Entre los pagos detectados figuran telepases de vehículos de alta gama que fueron secuestrados en una casaquinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Pese a que los inmuebles se encuentran en la provincia de Buenos Aires, Aguinsky rechazó declinar la competencia a favor del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Para el magistrado porteño, el núcleo del presunto delito no está en Pilar sino en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, sostuvo que el delito precedente al lavado de activos podría encuadrar en una administración fraudulenta cometida en perjuicio de la propia asociación, con posible participación de sus autoridades.
La investigación también incorpora un informe sobre una tarjeta American Express utilizada por Pantano, cuyos resúmenes reflejan consumos constantes y millonarios entre enero y diciembre de 2025. Esos movimientos, según Aguinsky, deberán ser analizados en profundidad para determinar si están directamente relacionados con los bienes investigados.
Además, el juez recordó que el fiscal Claudio Navas Rial vinculó este expediente con otra causa paralela por presunta evasión de impuestos y aportes previsionales por parte de la AFA, por un monto cercano a los 19 millones de pesos, lo que reforzaría el cuadro indiciario.
La causa continuará tramitándose en el Juzgado Penal Económico N.º 10, incluso durante la feria judicial de enero, que fue habilitada para seguir avanzando con la investigación. En caso de que el juez de Campana no acepte la decisión, el conflicto de competencia será resuelto por la Cámara Federal de San Martín.
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