La Justicia incorporará este martes un listado de vehículos asociados a las firmas Central Park Drinks SRL y Real Central SRL, sociedades que aparecen vinculadas al entorno del presidente sanjuanino de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, según publicó el portal TN.
De acuerdo con lo revelado en El corresponsal por TN, se trata de cerca de 120 autos, motos y deportivos de altísima gama —muchos valuados en más de 300 mil dólares— que habrían pasado por ambas empresas, pese a no contar con la capacidad económica para justificar semejante patrimonio.
Gran parte de los bienes figura a nombre de Ana Lucía Conte, una jubilada monotributista que incluso recibió asistencia estatal durante la pandemia, y de su hijo Luciano Pantano, ex tesorero de Almirante Brown. Ambos aparecen señalados como presuntos prestanombres para encubrir el patrimonio real de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La distancia entre sus ingresos y la flota registrada es uno de los puntos que analiza la Justicia.
A lo largo de los años, las sociedades administraron más de 120 vehículos, aunque actualmente solo 50 o 59 estarían localizados, la mayoría dentro de un galpón en una mansión de Villa Santa Rosa, en Pilar. El resto constituye un faltante cuyo movimiento —cuándo salieron y hacia dónde— comenzó a investigarse. Según el periodista Sergio Farella, hubo movimientos sospechosos durante la madrugada previa a las primeras medidas judiciales.
La lista incluye modelos como Porsche 911 2025, Panamera 2024, Ferraris, Mustang Mach 1, Audi, BMW, camionetas Hilux, motos de alta cilindrada, autos clásicos y hasta maquinaria agrícola. Parte de los vehículos está inscripta con domicilio en Santiago del Estero, lo que podría estar relacionado con la actividad de Toviggino en esa provincia.
Otro aspecto que llamó la atención es el crecimiento abrupto de las firmas implicadas y su relación con Sur Finanzas, una financiera mencionada en otras causas por maniobras irregulares. Farella explicó que varios de estos autos fueron adquiridos en pleno cepo cambiario, cuando el acceso a divisas era sumamente restringido, y ese dato coincide con una investigación paralela sobre operaciones de importación simuladas con dólar oficial.
Por lo pronto, la Justicia ordenó medidas urgentes y dispuso control estricto sobre todo lo que ingresa y egresa del predio de Pilar, para evitar que continúe la desaparición de bienes. En los allanamientos también se halló una caja fuerte casi vacía en Sur Finanzas, lo que refuerza la hipótesis de movimientos previos a la intervención judicial.
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