La Corte ordenó reforzar la custodia de los jueces que juzgarán a Cristina

Ocurre a raíz de publicaciones en redes en los que indagaban sobre los domicilios de los funcionarios judiciales. Días atrás, la Procuración General de la Nación hizo lo propio con el Fiscal Diego Luciani.

A pedido del Juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se reforzó la seguridad de los jueces del tribunal federal que juzga a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz. Ocurre a raíz de publicaciones en redes en los que indagaban sobre los domicilios de los funcionarios judiciales.

Luego de que el Fiscal Diego Luciani pidiese 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la exmandataria, surgieron en la red social Twitter distintas publicaciones en las que buscaban averiguar datos personales de los jueces para ejercer algún tipo de presión social en sus domicilios.

Ante esta situación, Rosatti dispuso que la Cámara de Casación que se refuerce la custodia de los magistrados del tribunal oral federal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Casación, quien tiene bajo su ala la organización de los tribunales, tomó nota y ordenó a la Policía Federal a que incremente la custodia.

Preocupación

La alarma dentro de la Corte Suprema surgió a partir de un mensaje en Twitter del usuario @kike_MPD en el cual instaba a los manifestantes kirchneristas a indagar sobre los domicilios de los jueces y fiscales para ejercer presión en la causa.

«Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede», expresó el tuitero.

Sin embargo, la propuesta del manifestante fue apenas acompañada por dos muestras de apoyo, con un retweet y un «me gusta». Al mismo tiempo, dos usuarios, también kirchneristas, criticaron la propuesta: «Somos mejores, porque somos distintos, y porque no usamos sus armas», señaló otro usuario en los comentarios.

La alusión a «pelotón de fusilamiento» hizo referencia a una textual de la exmandataria, quien el martes por la noche en redes sociales dijo estar ante un «pelotón de fusilamiento mediático-judicial» debido al pedido de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, apoyado por los fiscales, por la oposición y por ciertos sectores de la prensa.

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