Este jueves comenzó en el Tribunal Oral Federal N°7 el juicio oral por la causa conocida como los cuadernos de las coimas, considerada por la magnitud de sus acusados y pruebas como el mayor caso de corrupción de la historia argentina.
El proceso involucra a 87 imputados, entre ellos 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios que, según la acusación, habrían integrado una red de recaudación de sobornos entre los años 2003 y 2015.
Entre los principales nombres aparecen Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López y Rudy Ulloa, entre otros exfuncionarios del kirchnerismo, además de empresarios como Ángelo Calcaterra, Aldo Benito Roggio, Enrique Menotti Pescarmona, Armando Loson y Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con Néstor Costabel como magistrado suplente. La acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León, acompañada por Nicolás Codromaz, Guido Ambrosio y Claudio Nimis, mientras que el fiscal federal Paul Starc representará la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Por la gran cantidad de imputados y defensores, las audiencias se desarrollarán de manera virtual, vía Zoom, y durante el primer mes serán transmitidas por el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia.
El expediente principal, identificado como 9608/2018, será juzgado junto con otras tres causas conexas que investigan la cartelización de la obra pública. Además, un megaexpediente por lavado de dinero —con un daño estimado en 70 millones de dólares— espera su elevación a juicio.
Entre los 626 testigos convocados figuran Hilda Horovitz, exesposa del chofer Oscar Centeno —quien registró las entregas de dinero en los cuadernos que dieron origen al caso—, la exsecretaria presidencial Miriam Quiroga y el remisero Jorge Bacigalupo, quien entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot.
Veinte de los acusados firmaron acuerdos como “imputados colaboradores”, bajo la Ley del Arrepentido (N° 27.340), que les otorga reducción de pena a cambio de cooperar con la Justicia.
El proceso judicial, que promete extenderse durante varios meses, busca determinar las responsabilidades políticas y empresariales en un esquema de presuntos sobornos que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina.
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