Este miércoles se cumplieron los 90 días establecidos por la norma que sancionó la creación de la comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda Libra. Sin embargo, el espacio nunca logró constituirse plenamente, ya que no se definieron autoridades y los intentos por destrabar el empate entre oficialismo y oposición fracasaron en dos oportunidades.
La paridad de fuerzas en la comisión —con 28 diputados, 14 de cada sector— impidió avanzar en la elección de presidente. Las postulaciones de Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y Sabrina Selva (Unión por la Patria) no lograron mayoría. Mientras tanto, el secretario parlamentario Adrián Pagán quedó a cargo de coordinar las reuniones informativas, aunque sin resolución formal.
Desde algunos bloques opositores se analiza una posible prórroga del plazo de trabajo de la comisión, pero la propuesta no contará con el respaldo de La Libertad Avanza, lo que anticipa una nueva disputa en el recinto.
La diputada del PRO Silvana Giudici señaló que “distintas expresiones de los bloques de Unión por la Patria o Democracia para Siempre demuestran que la creación de esta comisión investigadora persiguió fines políticos”. Y fue más allá al advertir sobre “expresiones destituyentes” que podrían derivar en un intento de juicio político.
Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade calificó de “nula de origen” a la comisión: “No quedó legalmente constituida y, por ende, no corrieron los plazos”.
Uno de los impulsores de la iniciativa, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), pidió ir “a fondo con la investigación” y destacó que mientras en Argentina hay estancamiento, en Estados Unidos la demanda fue ampliada bajo la ley RICO, usada contra redes criminales. El legislador apuntó directamente al presidente: “El posteo de Milei fue clave. Su respaldo indujo inversiones y cuando borró la publicación, el token se desplomó”.
En paralelo, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), con apoyo de otros bloques, propuso modificar la norma de creación de la comisión para destrabar la elección de autoridades y aclarar desde cuándo deben contarse los 90 días hábiles. Sin embargo, el proyecto nunca se trató en el recinto.
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