María Belén Brizuela Quiroga, de 29 años, quedó en el centro de una causa penal que sacudió a Caucete y a toda su familia: la joven enfrenta cargos por estafas reiteradas y uso indebido de datos personales, tras presuntamente engañar a allegados y amistades para que tomaran préstamos por más de 30 millones de pesos, con la promesa de participar en un restaurante que nunca se concretó.
Según la investigación a cargo del fiscal Duilio Ejarque y del ayudante fiscal Pablo Ferrer, ambos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2024 y marzo de este año. Brizuela Quiroga habría logrado convencer a varios familiares y amigos —entre ellos un tío, un primo, la esposa de este y la madre de un conocido— de gestionar créditos en bancos y financieras para supuestamente invertir en la apertura de una casa de comidas en Caucete.
El monto defraudado asciende a $30.748.444, aunque podría ser mayor debido a los intereses y recargos por las cuotas impagas. Además, la acusada habría usado sin autorización los datos personales de una de las denunciantes para solicitar préstamos adicionales, profundizando el perjuicio económico.
La denuncia fue radicada el 19 de mayo ante la Justicia, que actuó rápidamente ante el temor de fuga de la acusada, quien según trascendió tenía intenciones de viajar a México. Por eso, la jueza Celia Maldonado ordenó su detención preventiva, que se concretó el último sábado.
Sin embargo, Brizuela Quiroga recuperó la libertad bajo estrictas medidas de coerción: debe presentarse cada 30 días en la Comisaría 9ª durante ocho meses, no puede salir de la provincia ni del país sin permiso judicial y tiene prohibido acercarse a los denunciantes a menos de 300 metros. Además, la jueza dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de sus cuentas bancarias.
La defensa, encabezada por la abogada Flavia Funes, negó intencionalidad dolosa y sostuvo que se trató de un proyecto comercial frustrado. No obstante, la acusada ofreció tres lotes de su propiedad como parte de un posible acuerdo reparatorio.
La causa sigue su curso bajo la carátula de cinco hechos de estafa y uso indebido de datos personales, con la posibilidad de que surjan nuevas víctimas.
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