Lo que parecía una presentación técnica terminó revelando una trama institucional explosiva. El exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, presentó un escrito que no solo pide el apartamiento de tres funcionarios clave del Tribunal de Cuentas, sino que expone una acusación directa y con nombres propios contra el aparato político que —según él— sigue operando detrás del organismo que debe auditar la gestión pública.
En la presentación, a la que accedimos en exclusiva, Baistrocchi solicita la recusación del presidente del Tribunal, Pablo García Nieto; del vocal Juan Flores; y de la fiscal de cuentas María Inés Coll. Según el exintendente, los tres responden directa o indirectamente al exgobernador Sergio Uñac, con quien mantiene un abierto enfrentamiento político.
“NO HAY CONTROL, HAY SIMULACRO”
Baistrocchi sostiene que el Tribunal de Cuentas fue colonizado por el uñaquismo y convertido en un dispositivo de castigo político para perseguir a quienes se alejaron del control del exmandatario. En su escrito denuncia la existencia de una “estructura cerrada de poder” en la que prevalecen los vínculos de sangre, las amistades de décadas y las lealtades partidarias antes que la ley y la imparcialidad.
“No puede hablarse de independencia ni de control público cuando quienes deben auditar han sido parte del mismo proyecto político que ahora pretenden juzgar”, señala el texto.
Las acusaciones no son solo políticas. Baistrocchi también remarca el vínculo familiar entre los funcionarios, al señalar que García Nieto, Coll y el fiscal Fontivero —primo de ambos— son parte de un entramado que incluye designaciones cruzadas, ascensos por afinidad y blindaje mutuo.
El documento detalla incluso una probabilidad matemática de solo 0,35% para que María Inés Coll fuera asignada aleatoriamente a auditar la cuenta municipal, teniendo en cuenta que hay 15 fiscales y 19 municipios. “Esto no es azar: es una decisión deliberada para garantizar que el control quede en manos propias”, sostiene.
«UNA MANIOBRA PARA NEUTRALIZAR A UN DISIDENTE
Baistrocchi fue durante años parte del núcleo duro del uñaquismo. Fue ministro de Gobierno, secretario legislativo e intendente de la Capital, y por ende figura clave en el armado del poder oficialista. Pero la ruptura fue total. Hoy forma parte de un nuevo espacio y es una de las voces más duras contra el PJ provincial.
En ese contexto, sostiene que las acusaciones administrativas en su contra, como los reparos por contrataciones y ampliaciones de obra durante su gestión, son parte de una operación política para disciplinarlo. “El poder desgasta solo al que no lo tiene”, cita, parafraseando a Giulio Andreotti, y apunta directamente a Sergio Uñac como el arquitecto de un sistema que “reproduce el control sin alternancia ni límites”.
“El Tribunal de Cuentas no puede ser un órgano de revancha partidaria. Hoy actúa como un juzgado paralelo del peronismo residual. Juzgan sus enemigos, sus exsocios, sus parientes, sus empleados. La garantía constitucional de imparcialidad está muerta en esta causa”, señala con dureza.
«VINCULOS, BLINDAJES Y UNA HERENCIA QUE RESISTE»
El escrito es contundente en señalar que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón. Baistrocchi cita jurisprudencia de Santa Fe, Córdoba y fallos nacionales que establecen que la mera sospecha fundada de parcialidad basta para apartar a un funcionario. Y deja claro que, de no prosperar la recusación, apelará ante la Corte de Justicia provincial y la Corte Suprema, por vía del caso federal.
Además, denuncia que la hermana de García Nieto integra la Corte que eventualmente revisaría su caso, lo que agrava —según su mirada— el nivel de concentración y connivencia institucional.
“Lo que está en juego no es solo mi defensa, sino la legitimidad del sistema de control en San Juan. Si el Tribunal queda en manos de los amigos y parientes del poder de turno, no hay república, hay feudo”, lanza.
«UN EXPEDIENTE CALIENTE EN MEDIO DE LA INTERNA PERONISTA»
El trasfondo político es inocultable. Baistrocchi fue el único dirigente que votó en contra del acuerdo Uñac-Gioja para prorrogar mandatos en el PJ y postergar elecciones internas. Esa disidencia también forma parte del conflicto. La denuncia de que el Tribunal se usa para condicionar intendentes justicialistas rebeldes fue recogida incluso por otros exjefes comunales en off the record.
En paralelo, el expediente que se analiza —la rendición de cuentas 2023 de la Capital— tiene más de 19 millones de pesos observados, y diversos reparos por contrataciones directas y ampliaciones de obra. Baistrocchi sostiene que los cargos son infundados y parte de una ofensiva montada con informes “manipulados” y sin sustento legal.
Con esta presentación, el exintendente se planta en el terreno judicial, pero también en el simbólico: el de quien desafía a una estructura que —según afirma— se resiste a dejar el poder.
Comentarios