Como cada miércoles, jubilados y diversas organizaciones sociales se movilizaron frente al Congreso de la Nación en reclamo de mejoras en los haberes previsionales. Sin embargo, la jornada volvió a estar marcada por una fuerte tensión y presencia policial, en el marco de la aplicación del protocolo antipiquete.
Desde temprano, un imponente operativo de seguridad se desplegó en los alrededores del Congreso con efectivos de múltiples fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El objetivo: impedir cortes de calles y concentraciones en zonas clave.
Durante la tarde, los manifestantes intentaron cortar reiteradamente avenidas como Rivadavia y Rodríguez Peña, pero fueron contenidos por los cordones de seguridad. Se instalaron vallas alrededor del Congreso y hubo desvíos obligatorios, lo que provocó un caos vehicular en la zona.
La tensión escaló con el correr de las horas. Se reportaron empujones, lanzamientos de espuma contra la policía, y uso de gas pimienta por parte de las fuerzas, que afectó incluso a dos fotógrafos que cubrían la protesta.
Además de jubilados, participaron miembros de la UTEP, despedidos de empresas privadas y representantes de la Mesa Ecuménica, entre ellos el padre Paco Olveira, quien ya había sido detenido en protestas anteriores. También se sumó el diputado Nicolás del Caño.
El reclamo central es el aumento de los haberes jubilatorios, pero también se exige la restitución de moratorias previsionales y una mejora en el bono mínimo, actualmente de $70.000.
En paralelo, la oposición en el Congreso trabaja para lograr quórum y tratar estas demandas. Entre los proyectos más destacados está la revisión de la fórmula de movilidad, la prórroga de la moratoria y una posible suba del bono para jubilados. La sesión clave se prevé para el próximo 4 de junio.
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