El caso es estremecedor porque la sospecha es que la mujer entregaba a dos de sus sobrinos al comerciante para que este los sometiera sexualmente y en retribución él le entregaba cervezas. Esto fue lo que expusieron la fiscal Valentina Bucciarelli y la ayudante fiscal Luciana Fasoli, de la UFI ANIVI, quienes al inicio de la causa imputaron a la tía el delito de facilitación a la prostitución agravada por la edad de la víctima, por la convivencia y por ser la encargada de la guarda, mientras que al kiosquero le atribuyeron promoción a la prostitución. Ambos quedaron detenidos desde octubre pasado.
Ahora bien, en estos meses de investigación, la situación de ambos se complicó. Y es que surgieron datos de que no sólo la adolescente era abusada, sino que también su hermano de 12 años. Los chicos habrían declarado que su tía les ordenaba que fueran al almacén y ahí el hombre los violaba. Los abusos supuestamente se produjeron en los dos últimos años.
La chica contó que sufrió estos hechos alrededor de 20 veces, señaló una fuente del caso. A su regreso, debían traerle botellas de cerveza, según la imputación. Los informes médicos revelaron que ambos presentan signos de haber sufrido abusos sexuales.
Como en estos días se vencían los plazos de la investigación penal preparatoria, la fiscal Bucciarelli y la ayudante fiscal Fasoli pidieron una nueva audiencia para ajustar la calificación legal y la prórroga de la prisión preventiva, dada las nuevas pruebas. La abogada María Filomena Noriega, la defensora de la mujer, se opuso a esta última solicitud y propuso en su reemplazo la detención domiciliaria, en razón de que la sospechosa tiene un hijo pequeño.
El juez de garantías Eugenio Barbera, que subroga al juez Javier Figuerola, resolvió prorrogar la prisión preventiva para la mujer y el comerciante por el plazo de 2 meses. Y tal como planteó la fiscalía, el magistrado ajustó la calificación legal: a ella ahora le imputó el delito de facilitación de corrupción de menores, agravabas por la edad de la víctima, por la guarda y la convivencia. Al comerciante le atribuyen los presuntos delitos de promoción de corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de poder.
–
FUENTE: Tiempo de San Juan
–




Comentarios