La investigación que se inició en abril de 2024 y que se formalizó este 5 de febrero se extenderá por el término de un año y, aunque el acusado quedará en libertad, por orden del juez de Garantías Diego Manuel Sanz, no podrá acercarse a la presunta víctima ni tampoco podrá salir del país sin los debidos permisos de la Justicia. Además, cada 30 días deberá presentarse en la Comisaría 34º de La Bebida para mostrarse a disposición del proceso judicial que se desarrolla en su contra.
Todo habría iniciado cuando a principios de 2020, el interno y el jefe penitenciario entablaron una relación por conveniencia. Aranda, que cayó tras las rejas y que se desempeñaba como empresario en el área de exportación de pasas, se vinculó con Aballay adentro de los muros. El uniformado le daba tareas de limpieza en su oficina y, a cambio, éste le prestaba un Fiat Stilo.
Todo estaba bien hasta que en 2022, el preso recibió la prisión domiciliaria y en ese momento le solicitó que le regresara el vehículo. Pero Aballay se negó a hacerlo. Pese a las insistencias del denunciante, que meses más tarde regresó al Penal, el imputado hizo caso omiso y, por la jerarquía que ostentaba tras las rejas, comenzó a hacerle la vida imposible al interno.
Acorde indicaron los representantes de la fiscalía, el jefe penitenciario lo amenazó de muerte y fue el autor intelectual de ataques del que fue blanco. Es por eso que, cansado de la situación, Aranda lo denunció en la justicia penal y al cabo de 10 meses de instrucción preliminar, la fiscalía apuntó fuerte contra Aballay.
Producto de la denuncia, el uniformado fue apartado de sus funciones de la cárcel y se le abrió un sumario administrativo, al mismo tiempo.
FUENTE: Tiempo de San Juan
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