El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción.
Durante una audiencia virtual, Checkley dijo que la medida era “idónea” porque no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad” y explicó que el exmandatario, detenido por 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe, ha incurrido en obstaculización de la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general, Patricia Benavides.
Esta nueva medida de prisión preventiva se computará en paralelo a la que se le impuso en diciembre de 2022 por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración, por el fallido intento de golpe de Estado. El juez Checkley aseguró que existen graves y fundados elementos de convicción contra el expresidente, por lo que se cumplió el primer presupuesto para dictar una orden de prisión preventiva.
La segunda condición es que la posibilidad de la pena supere los 4 años. Por este caso, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, representante del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estima que Castillo Terrones podría recibir una pena de 32 años.
“La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50, nos permite establecer que la pena a imponerse, en el caso (de) que sea así —en un supuesto—, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años”, dijo Meza en una audiencia previa.
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