Los familiares de la víctima, encabezados primero por la madre, Josefa Arenas, y luego por su hermana, América Alicia Cortez, señalaron la responsabilidad del conductor del camión, argumentando que este circulaba a una velocidad excesiva y realizó la maniobra de sobrepaso de manera imprudente, sin respetar las distancias ni las medidas de precaución necesarias. Aunque el roce inicial pudo parecer imperceptible, las consecuencias fueron devastadoras.
Asimismo, se alegó que la Municipalidad de 9 de Julio debía responder civilmente en virtud del artículo 1113 del Código Civil, que establece la responsabilidad objetiva del titular registral del vehículo implicado en el hecho. La familia Cortez sostiene que la falta de diligencia y el riesgo generado por el camión en circulación fueron determinantes en este trágico suceso.
El municipio aceptó que Cabrera era el responsable, pero negaron que la razón de muerte fuese el choque. Los abogados sostuvieron que Cortez sufrió un golpe en la parte trasera de la cabeza y que cuando fue revisado por el médico de guardia del Hospital Rawson, le recetó una medicación antiinflamatorio o analgésico, sin heberle efectuado una radiografía o tomografía. Entendieron que quien provocó la muerte es el médico que lo atendió en primer momento y que la familia debía demandar a la entonces Secretaría de Salud Pública.
Desde aquel 13 de julio de 1994 hasta la actualidad, hubo dimes y diretes judiciales fruto de las apelaciones, varios cambios de abogados querellantes y defensores, hasta desembocar en la resolución -en segunda instancia- firmada por la Sala III con disidencia que hizo lugar al falle indemnizatorio. El cálculo para llegar a los 100.000.000 de pesos tuvo en cuenta el daño moral y los años de lucro cesante. La Municipalidad todavía no está notificada formalmente. Pero tomó conocimiento por la publicación de este diario y a través de consultas judiciales.
El intendente Banega aseguró que el pedido de embargo llegó «en un momento muy difícil» porque «tiene que ver con los recursos de los nuevejulinos» y aseguró que los abogados del municipio «van a rediscutir el monto». El jefe comunal afirmó que el municipio ya evalúa las formas de afrontar el pago. «Estamos dialogando» con la parte denunciante, comentó.
Increíblemente, la causa tuvo mayor impacto en los pasillos judiciales por un error de cálculo del contador del equipo de la querella, a cargo de Orellano. Según ese primer informe, la Municipalidad tenía que pagar 3.469.841.876 de pesos. En palabras, tres mil millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y seis pesos. Una cifra exorbitante que trascendió en el Poder Judicial. En ese momento, este diario intentó constatar la suma con la oficina judicial, pero la secretaria del V Juzgado Civil, Paola Cassab, no accedió a brindar la información pública.
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