El Gobierno nacional busca reactivar el debate del denominado Súper RIGI en el Senado, donde persisten las diferencias por las condiciones que deberán cumplir las empresas para contratar proveedores locales. Con el cierre del período de sesiones ordinarias cada vez más cerca, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, analiza alternativas para acercar posiciones y avanzar con la iniciativa.
El proyecto busca incentivar inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores estratégicos mediante un régimen de beneficios destinado a grandes emprendimientos. Sin embargo, la discusión quedó trabada después de que tres senadores reclamaran modificaciones para evitar que los incentivos terminen favoreciendo la adquisición de productos extranjeros por encima de los fabricados en el país.
El planteo fue impulsado por el radical Maximiliano Abad, el peronista no kirchnerista Carlos Espínola y Martín Goerling, titular del bloque del PRO. Los legisladores buscan establecer reglas más precisas para determinar cuándo un proveedor nacional puede competir en condiciones equivalentes con una empresa del exterior.
El margen del 15% para competir con productos importados
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que una oferta nacional podrá considerarse competitiva cuando su precio no supere en más de un 15% al de una alternativa importada.
La condición es que ambas ofertas cumplan con requisitos equivalentes de calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega. De esta manera, se busca incorporar un criterio objetivo para evaluar las propuestas locales y evitar que las diferencias de precio sean el único factor determinante en la elección de proveedores.
La discusión apunta a definir hasta qué punto los proyectos alcanzados por el régimen deberán priorizar la producción argentina frente a las alternativas del exterior, sin perder de vista las condiciones de competitividad necesarias para concretar las inversiones.
Consultas a entidades empresariales y costos de importación
El borrador también contempla que la autoridad de aplicación consulte a entidades empresariales representativas antes de determinar que no existe oferta nacional suficiente para abastecer las necesidades de cada proyecto.
Además, la comparación de precios debería incluir los costos de importación y entrega de los bienes o servicios. El objetivo es que la evaluación contemple el costo efectivo de cada alternativa y no solamente el precio de origen de los productos extranjeros.
Estas modificaciones buscan dar mayor participación a los sectores productivos argentinos y establecer criterios más transparentes para definir si la oferta local está en condiciones de responder a la demanda de los grandes emprendimientos.
Patricia Bullrich respalda cambios al proyecto
La discusión también incorpora el respaldo de Patricia Bullrich a otras modificaciones vinculadas con el incentivo del 20% para la compra de bienes nacionales.
El tratamiento legislativo deberá resolver las diferencias entre quienes buscan facilitar la llegada de grandes inversiones y quienes reclaman mayores garantías para que esos proyectos generen oportunidades para la industria y los proveedores argentinos.
Si el Senado introduce modificaciones y aprueba el texto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.
El futuro del Súper RIGI dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse en el Congreso, en una discusión que pone en juego tanto los incentivos para atraer capitales como las condiciones de participación de la producción nacional.
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